Ante una nueva suspensión del concurso para nombrar jueces para la Corte Nacional de Justica (CNJ), el Dr. Miguel Arias aborda la crisis en el sistema judicial ecuatoriano y la importancia de preservar la institucionalidad para garantizar una justicia efectiva.
Señala que el sistema judicial ecuatoriano enfrenta dificultades en el nombramiento de jueces, lo que agrava los cuestionamientos sobre su independencia que se dieron tras la destitución y detención del Wilman Terán de la presidencia del Consejo de la Judicatura y la investigación de la Fiscalía de Ecuador denominada “Independencia Judicial”, que delata una verdadera aberración de la justicia particularmente en la corte de la provincia del Guayas.
La institucionalidad ecuatoriana muestra signos preocupantes de deterioro debido al diseño constitucional subyacente. Un régimen constitucional sólido es fundamental para el funcionamiento democrático y la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados, y una tutela judicial efectiva es crucial para proteger los derechos fundamentales.
Más, paradójicamente, en Ecuador se está llegando a un colapso institucional por el abuso de acciones constitucionales, como las acciones de protección, que interfieren en los procesos, lo que refleja una necesidad urgente de cambio en la estructura estatal.
Es necesario mejorar a través de procesos objetivos la selección y formación de Jueces, siendo fundamental garantizar que los jueces seleccionados posean ética, formación especializada y vocación para servir. La academia podría desempeñar un papel clave al promover conversatorios para detectar e integrar personalidades éticas en un organismo social dedicado a seleccionar jueces imparciales e independientes.
Es imperativo establecer mecanismos transparentes para seleccionar jueces basados en criterios éticos, trayectoria limpia y preparación teórica sólida.
Persiste por otra parte la intromisión política y de verdaderas mafias en la Administración de Justicia, que afecta gravemente a la institucionalidad del país. Esto explica cómo personas histriónicas, descalificadas e improvisadas llegan a obtener respaldo político para ocupar altos cargos judiciales, lo que se refleja en esta situación deplorable de la justicia ecuatoriana.
Hay que luchar contra las mafias Institucionales, los ciudadanos deben buscar mecanismos para erradicar las mafias arraigadas en instituciones como la Asamblea Nacional que promueve, por ejemplo, un injusto proceso contra la Fiscal General de la nación por supuesto incumplimiento de funciones, evidenciando cómo el poder político permite acciones perjudiciales dentro de las instituciones.
Sin independencia judicial no existe credibilidad, y esto afecta directamente a la democracia y a los ciudadanos. Es fundamental cerrar filas para apoyar a quienes defienden y protegen la independencia judicial, ya que esto garantiza no solo justicia sino también fortalece las instituciones democráticas. Proteger esta independencia es defender no solo la credibilidad judicial sino también los derechos ciudadanos y el sistema democrático en su totalidad.
La discusión se centra en cómo el poder político puede llegar a controlar las funciones del Estado, generando un ambiente dictatorial donde las mafias adquieren influencia decisiva. Este control del poder político por parte de las mafias pone en peligro no solo las instituciones estatales sino también socava los principios democráticos fundamentales.
La historia reciente confirma que los cambios de gobierno no resuelven los problemas de corrupción, ya que los actores corruptos simplemente se sustituyen. Ejemplos como el caso del ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera ilustran cómo altos funcionarios han manipulado casos judiciales con órdenes escritas; luego viene otro gobierno y otros actores, pero resulta como "cambiar el collar al perro", pues se dan cambios superficiales sin resolver los problemas fundamentales de la administración de justicia.
El silencio y la indiferencia ciudadana ante estas problemáticas completan un panorama desolador pues se tolera la manipulación a los concursos que terminan designando jueces que obedecen a intereses políticos, excluyendo a aquellos que no se someten a las directrices del poder establecido. Casos reales evidencian cómo jueces críticos fueron excluidos bajo criterios sesgados, para mantener un control sobre las decisiones judiciales.
Los intentos de conformar una Escuela Judicial han sido deficientes. La escuela judicial planteada como formadora de jueces ha resultado ineficaz, no ha cumplido su propósito original, ni ha garantizado una formación adecuada. No resiste comparaciones con sistemas judiciales extranjeros, como el de España que ha instituido formación continua y evaluaciones rigurosas.
Enfatiza finalmente la urgencia de realizar cambios estructurales para evitar que el poder político y las mafias continúen influyendo negativamente en las decisiones judiciales en Ecuador.