Pablo Valverde, catedrático universitario y juez, expresó su preocupación por la falta de vacantes y concursos de méritos en el sistema judicial, así como por las deficiencias en infraestructura dentro del sector.
En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), señaló que la institución enfrenta serios problemas, entre ellos, la demora en el nombramiento de funcionarios que hoy se encuentran prorrogados. Además "enfrentan procesos judiciales, son destituidos por no cumplir sentencias", afirmó, subrayando que esta situación ha generado una profunda desconfianza en el organismo.
Valverde también alertó sobre la constante rotación de vocales y mayorías en el CPCCS y la falta de institucionalidad, argumentando que "tienen una agenda alineada con el partido que representan".
Asimismo, insistió en que la justicia se maneja con base en intereses partidistas, lo que afecta s acceso. "Esto dificulta que se puedan presentar demandas y que los casos lleguen a las instancias adecuadas", concluyó.
Finalmente, Valverde destacó la importancia de que los jueces garanticen el cumplimiento de las sentencias constitucionales. Se recordó el caso Quimsacocha, caso tratado en la Corte Provincial de Justicia de Azuay, caso en el que una acción extraordinaria de protección interpuesta contra la sentencia, no fue aceptada por la Corte Constitucional, por lo que corresponde ahora al juez de primer nivel asegurar su ejecución, con vigilancia de la Defensoría del Pueblo.
Por otro lado, en el ámbito minero, el debate sobre la apertura del catastro minero sigue vigente. Aunque algunos sectores, incluyendo candidatos presidenciales, proponen su reapertura, advierte el Dr. Valverde que cualquier decisión debe respetar los derechos constitucionales y la protección de fuentes de agua. Enfatizó la necesidad de priorizar la responsabilidad ciudadana sobre el equilibrio ambiental, el calentamiento global y la crisis hídrica.