El doctor Sebastián López, docente universitario, opinó sobre el desarrollo de la investigación en la Asamblea sobre el caso Pandora Papers. "Llama la atención que la Comisión se denomine de Garantías Constitucionales y no actúe bajo los límites de la Constitución, tiene una deficiente motivación", comentó el catedrático.
Señaló que, si la Asamblea trata de asegurar una posible muerte cruzada, el artículo 130, numeral 2 de la Asamblea, establece que se puede destituir al presidente por una grave conmoción interna. "Cuando se habla de grave crisis se sugiere que se presenten crisis política y conmoción interna”, dijo. No obstante, le parece que hay una falta de argumentación para aplicar esta causal, "falta hacer un análisis sobre las irregularidades en el caso Pandora Papers y luego determinar si existe una grave conmoción o no", explicó. “Una conmoción interna podría ser lo ocurrido en el 30S”, ejemplificó.
Intuye que quieren conjugar una causa para provocar una muerte cruzada, y esto "no es lo deseable para la frágil democracia ecuatoriana, esto supone un debilitamiento en la institucionalidad", expresó.
Lamenta que al interno de la Comisión de Garantías Constitucionales no respete los procesos de calificación y fiscalización en los marcos constitucionales, "es un desatino, no hay deliberación adecuada, se incluyen apartados que no fueron parte de la conversación inicial", comenta.
"Un informe con deficiencias no puede ser más que un motivo de llamado de atención a la forma en la que opera el legislativo", manifestó. Espera que la Asamblea discuta un informe con el suficiente grado de deliberación, "acá está viciado el informe, el Pleno no lo podrá acoger, una cosa es el juicio político y las causales y otra la muerte cruzada".
Añadió sumó que el pleno no podrá llegar a un juicio político porque el informe propone cosas diferentes. “Fijan una causal para provocar una muerte cruzada", argumentó.
"De manera distorsionada llegan a conclusiones a partir de otras premisas", cuestionó López. "Todo el informe está viciado, no puede ser aceptado, la Asamblea debería rechazarlo, debería hacerse con base en investigaciones y deliberaciones", insistió.
Espera que el presidente transparente y asista a la comparecencia y el Parlamento cumpla su rol. El mandatario “no tiene obligación de acudir, pero en democracia lo propio es que comparezca", señaló.
Explicó que, derechos como el sigilo bancario están limitados, "no son absolutos, cuando se habla de servidores públicos, la deliberación democrática es lo que debe primar sobre aquellos sigilos, se debe transparentar".
Insiste que el informe no tendrá efecto, en su salda final considera "viene un desgate apresurado del parlamento, el presidente debe rendir cuentas y transparentar su gestión", sentenció finalmente.