Nuevo derrame de petróleo en la Amazonía debido a la rotura del oleoducto en Ecuador, en el sector de Piedra Fina. La ambientalista Alexandra Almeida comentó que "si bien decían que estaba controlado y los ríos no estaban expuestos, el crudo llegó al río Coca afectando a las comunidades de esta cuenca y a las del río Napo, que ya fueron afectadas en el 2020 por otro derrame”.
“El agua está contaminada, los habitantes no pueden hacer uso del líquido vital para sus necesidades fundamentales de consumo”, denuncia.
Almeida asevera que la ribera del río Coca está muerta, “el panorama es desértico debido a estos derrames y la contaminación del suelo”. Insiste en que los problemas no se han solucionado mientras un nuevo derrame contamina con sustancias tóxicas con graves consecuencias para el ambiente y la salud.
Para la ambientalista llama la atención las afirmaciones de que el desprendimiento de una roca haya sido la causa, el chorro mancha la vegetación, “es difícil creer la versión de la empresa y preocupa que no haya logrado contener el crudo para que no llegue al río”.
Han evidenciado 26 derrames en campos petroleros e inquieta que en el ITT no se permita el ingreso ni la presencia de medios de comunicación.
Cuestiona el decreto 95 que implementa una política de hidrocarburos y aspira duplicar la explotación petrolera en el gobierno de Lasso. “No lo toman como energía, solo como producto para sacar dinero, no es una política pública, es un listado de indicaciones al ministro de Energía para que implemente mecanismos”, reprocha.
“Quieren entrar a zonas intangibles como el Cuyabeno, quieren aumentar la explotación en el ITT y en campos que ya operan, esto no es posible ni viable desde la realidad, no es posible en zonas intangibles”, denuncia.
Le preocupa que proyectos mineros y petroleros destruirán bosques endémicos y de vital importancia, a pesar de los territorios y sus pronunciamientos de no a la extracción; prevé un escenario de represión a las comunidades.
Se refirió al análisis que la Corte desarrolla y las resoluciones en torno a las violaciones de la consulta popular durante el periodo de Correa para impedir la consulta de la explotación del ITT. “Hay cosas ilegales como permitir pozos en la zona intangible”, explicó.
En su salida final dijo que gobiernos buscan mecanismos para lograr fama y popularidad y ocultar sus intenciones para ciertas zonas.