La Ley que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación entró por el Ministerio de la Ley, el tema lo tratamos en una entrevista con María Isabel Cordero, directora de la fundación SENDAS. “Fue un baldazo de agua fría, la Asamblea nos sorprende más, fue un veto total, no parcial; no estamos regidos por un Estado democrático y laico”, comentó.
Ahora, las mujeres tienen que convivir con el producto de una violación porque la Ley no es justa ni reparadora, “es improbable que las mujeres puedan hacer uso de esta ley", advierte.
Le preocupa los plazos establecidos en la norma aprobada, además considera que los servicios de salud deben tener la posibilidad de brindar una atención plena, “pero no vemos que esto pase en las zonas rurales”, señala.
Cordero, con base en datos estadísticos, confirma que el 80% de los casos de violación se da en niñas y mujeres dentro del hogar, por lo que empezar un proceso de denuncia se vuelve una tortura, “casi nadie cree sus testimonios, por eso los procesos quedan en nada, solo el 5% termina con proceso judicial”, indicó. Además, el proceso de objeción de conciencia no puede ser aplicado en instituciones públicas, “esto es inconstitucional”, recalca.
“La norma debe reconocer el derecho a la decisión y garantizar que una mujer violada acceda a un aborto libre, seguro, en las mejores condiciones, pero eso no pasa con esta ley”, afirmó. “La ley no repara a las víctimas por violación”, denuncia.
“Somos el segundo país en embarazo adolescente y de niñas, tenemos una de las tasas de violencia más altas de Latinoamérica”, señala; por eso exhorta a tener procesos justos, inmediatos, no revictimizantes.
Para Cordero, “Lasso es un presidente conservador, antiderechos, o al menos selectivo en los mismos, evidenciaremos la inoperancia de la ley”, adelantó.
Exhortó a no bajar la guardia y demostrar la inconstitucionalidad de esta Ley. “Demostraremos la violación de derechos, mujeres seguirán abortando, nada garantiza que se lo haga de manera segura”, cuestionó.