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Teodoro Verdugo, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca y director del proyecto “Análisis jurídico y social de los derechos en la naturaleza en el Ecuador. Defensa y garantía de estos”, dio a conocer sobre los resultados de la investigación realizada en siete comunidades del Azuay: Santa Marianita, Chaucha, Cochapata, Shumiral, Comuna San Sebastián del Sígsig, Soldados y Cañaribamba.  

Comentó que entre los objetivos estuvo la necesidad de un abordaje social sobre los derechos de la naturaleza, por lo que se consideró a estas poblaciones que de una u otra manera han tenido una cercanía con problemas socioambientales relacionados especialmente con la explotación minera. 

Dijo que, entre los resultados se puede evidenciar que las comunidades no tienen claro el concepto jurídico de los derechos de la naturaleza, no saben de una conexión entre Constitución y naturaleza, explicó. 

Recordó que, en el 2008, la Constitución de la República otorga derechos a la naturaleza; pero hubo una contradicción cuando al poco tiempo el Gobierno expide la Ley de Minería.  “Vemos paradojas, el Gobierno sin tapaduras dice que se debe llevar adelante la explotación, pero hay un marco que lo impide, lo que ha provocado un aumento de la conflictividad social”, manifiesta. 
Aclara, no obstante, que no hay derechos absolutos y que espera que las autoridades adopten la visión de ciudad. Esto en torno a los resultados de la consulta popular de Cuenca y su aplicación; así como el contenido de los planes PDOT y PUGS para la defensa de los recursos hídricos.