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La abogada Andrea Moya, experta en derecho tributario, explicó que, tras la aprobación con 100 votos a favor de la ley que deroga la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, la Asamblea Nacional “intenta corregir el error cometido en el 2021” cuando permitió que la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de la COVID-19 pase por el Ministerio de la Ley.

Opina que es necesario observar si la Asamblea puede proponer una ley de este tipo, pues el Ejecutivo es la única función que tiene competencia para presentar reformas en materia tributaria. En tanto, el gobierno ha emitido ya un pronunciamiento a través del ministro de Economía, Pablo Arosemena, quien escribió en su cuenta de twitter que el presidente vetará la ley derogatoria. “De darse un veto total, la Asamblea no podrá volver a tocar el tema hasta dentro de un año”, explica la experta. 

En caso de que la derogatoria proceda, Moya dice que los efectos entrarían en vigencia en el 2024, pues el impuesto a la renta fue gravado para los años 2022 y 2023 y la ley no es retroactiva. 

Finalmente analizó que la clase media ha sido la más afectada debido al incremento en el pago de impuestos y los cambios en la deducción de gastos personales.