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Franklin Bucheli, gestor ambiental, analizó las amenazas de la minería ilegal, de la minería concesionada y la displicencia del Estado.

Expresó su preocupación por las recientes noticias que dan cuenta de que el ejército peruano habría destruido maquinaria de minería ilegal en la frontera ecuatoriana. Lamenta que la minería en Ecuador no esté en el marco de la legalidad y que no exista control desde ARCOM. 
Sostiene que el problema de la minería ilegal se ha ido de las manos y se ha extendido por diversos territorios de la provincia del Azuay. “No hay evaluaciones, se realizan actividades con base en intereses”, denuncia.

Sostiene que la minería no beneficia al Estado, pues las regalías, al provenir de actividades ilícitas solo benefician a las organizaciones clandestinas que, además, se están emplazando en zonas de recarga hídrica. “La minería ilegal al no tener estudios de impacto ambiental, provoca daños irreversibles, mientras que la minería legal destruye”, dice. Según Bucheli no hay un modelo de minería que no cause contaminación. 

El gestor ambiental tiene esperanza en las nuevas autoridades, aspira tengan una política ambiental y que no se sumen pasivos ambientales que perjudican a la sociedad. Considera que la falta de gobernabilidad del Estado se debería a la falta de respeto a la naturaleza y el no cumplimiento de la normativa ambiental.

Expresó que no hay confianza en la Función Judicial tras lo sucedido en Kimsacocha. "No aportan en nada para hacer cumplir los derechos, los fallos favorecen al que más poder tiene y no a los intereses de la ciudad", comentó.