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Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, lamenta que desde la Asamblea “se haya prostituido el juicio político”, según asevera, lo usan como una “herramienta de presión y chantaje, en lugar de un mecanismo de control político”. 

Para Alarcón será la Asamblea la que decida si el presidente “se va para su casa o no”. No descarta tampoco una disolución del Parlamento con un llamado a muerte cruzada. 
En caso de existir una sucesión presidencial espera que sea de manera transparente y ordenada. 

En otros temas observó actuaciones cuestionables de autoridades electas que normalizan hechos de corrupción, entre ellas, las declaraciones del alcalde electo de Pindal, Julio Guerrero, quien dijo que es legal tomar el 30 % por obras públicas. “Son declaraciones patéticas, eso nos dice claramente para qué han buscado llegar a un cargo público”, manifiesta. 

Finalmente, llama a los ciudadanos a mantenerse vigilantes y asumir un control social sobre la gestión pública.