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José Astudillo, catedrático universitario, hizo algunas lecturas sobre las medias adoptadas por el presidente de la República para combatir la inseguridad, y las implicaciones para la convivencia ciudadana.

Para Astudillo, el decreto presidencial es la consecuencia de un Estado fallido que traslada a sus ciudadanos la responsabilidad de garantizar la seguridad. 

Considera que la respuesta a los elevados índices de muertes violentas, a la actuación de crimen organizado, a las “vacunas”, a lucha de bandas que cobra vidas, han sido los últimos decretos firmados por Lasso y que incluyen la autorización para el porte de armas que, según el Gobierno, deberá cumplir ciertos requisitos. No obstante, explica que la seguridad no pasa por portar un arma (que tarde o temprano se la va a usar), sino por enfrentar problemas estructurales como la pobreza, la falta de empleo, de acceso a salud, de educación de calidad. 

Cuestiona las intenciones de lo que califica un intento de privatizar la seguridad. Insiste en que no se puede crear un ambiente de paz armando a la ciudadanía. 

Opina, además, que este decreto tiene más bien la intención de lograr acuerdos en el marco del juicio político que enfrenta en la Asamblea Nacional. 

Finalmente señala que debemos preguntarnos quién o quiénes se benefician con el negocio de las armas, quién las importará, y advierte de acciones que facilitarán “torear” los requisitos para acceder fácilmente a los permisos para portar un arma; con ello prevé nuevos problemas de corrupción y tráfico de influencias.